¿Hay un pacto de Estado para fomentar la corrupción?

Como hoy no me encuentro muy bien, permitirme que rescate un tema introducido en su día por Josu en el magnífico Foro de Caamouco.net.

Josu tituló este asunto bajo la frase "o que poucos se atreven a dicir", muy posiblemente alabando la gallardía del Catedrático Alejandro Nieto que en una entrevista señalaba que «hay un pacto de Estado para fomentar la corrupción, financia a los partidos políticos» y que «el acuerdo se está rompiendo; un juez francotirador sacó un caso, y van otros en cascada, por la crispación política; pero volverá el silencio».

A partir de aquí, yo me permití señalar lo siguiente:

Conozco a Alejandro Nieto. Es un viejo Catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense de Madrid, que también fue abogado, alto cargo de la Administración con los gobiernos de Felipe González y hoy Catedrático emérito.

Es discípulo de García de Enterría, otro Catedrático de Derecho Administrativo, marginado durante el franquismo (por la potente escuela del tecnócrata López Rodó), pero en cuyos estudios encontró la joven democracia española el bagaje intelectual necesario para promulgar nuevas leyes administrativas inspiradas en la lucha contra las arbitrariedades del poder público, siempre tan peligrosas para las libertades individuales.

Alejandro Nieto es autor de obras muy interesantes, como acreditan títulos tan sugerentes como la organización del desgobierno, la nueva organización del desgobierno o la nueva corrupción. Es posible que, como protagonista indiscutible de una época de cambios, sufra cierta frustación, al ver algunas consecuencias no queridas provocadas por los mismos, sin olvidar que sobre su propio maestro, García de Enterría, también se proyectaron ciertas sombras que acabaron en alguna actuación judicial.

Yo tengo mi propia opinión sobre la corrupción política, que, por desgracia, conoce de muchas formas. Pero, en cualquiera de ellas, es evidente que sería imposible sin su actor principal: un político corrupto. A partir de aquí, hay circunstancias coetáneas que, sin querer favorecerla ni fomentarla, hacen posible que acontezca, pero no imposibilitan que se persiga.

Por ejemplo, centrándonos ya en la corrupción municipal, es la Constitución de 1978 la que consagra una autonomia local, hasta entonces inexistente. A partir de aquí, fruto del reconocimiento de dicha autonomía, los ayuntamientos pasan a tener reconocidas una serie de competencias dirigidas a garantizar a sus vecinos la prestación de unos servicios dirigidos, sin ninguna duda, a mejorar su calidad de vida. Y todo ello en un momento, recien estrenada nuestra democracia, en el que los servicios a prestar tanto por el propio estado central (universalización del sistema sanitario y del derecho a la educación, construcción de un sistema público de pensiones, etc.,) como por las diferentes Comunidades autónomas todavía a crear (en materia de servicios sociales, políticas de vivienda e infraestructuras básicas, etc.,) aún estaban por construír. Si a ello le añadimos la crisis energética y las cifras del paro e inflacción de los años 80, el cóctel estaba servido. No había recursos para todo. Con semejante coyuntura, la solución que se le dió al problema de la financiación de los Ayuntamientos para el cumplimiento de sus funciones fue precisamente la de ... os doy las competencias en materia de urbanismo y os buscais la vida ...

A partir de aquí, con semejante formula, miles de ciudadanos honestos, complicándose la vida y las de sus familias (las más de las veces), dieron un maravilloso paso al frente que hizo que, como por ejemplo sucedió en Ares, se dejara de tirar la basura al mar y/o en vertederos vergonzosos, se asfaltaran las calles, se extendieran los alumbrados, los alcantarillados y la traída del agua, se construyeran colegios nuevos, ambulatorios, se protegiera el puerto, se crearan servicios sociales ... y miles de cosas buenas más. Porque el sistema, seguramente imperfecto, lo único que vino a establecer son mecanismos de reversión de plusvalías de urbanismo, generadas por decisiones públicas municipales (pues los planes de urbanismo no son más que eso), a los órganos que con sus decisiones las generó (los ayuntamientos), para que éstos puedan financiarse y redistribuir así esa riqueza en forma de servicios para todos los vecinos (propietarios enriquecidos, propietarios empobrecidos y vecinos no propietarios).

Y es que si tenemos en cuenta que el suelo sólo tiene valor en función de lo que se pueda construir en él y que la decisión de en dónde se puede edificar y lo qué se puede edificar corresponde a los poderes públicos a través de la aprobación de los planes de urbanismo, es evidente que son los poderes públicos municipales los que con sus decisiones públicas pueden enriquecer a los propietarios del suelo en el que se permita edificar y, al mismo tiempo, empobrecer a los propietarios del suelo en el que o bien se permite edificar poco o bien se prohíbe edificar para destinarlo a otros usos en beneficio de toda la comunidad. Por ello, parece justo compensar a los propietarios perjudicados y a los no propietarios con parte de las plusvalías que generan a los propietarios beneficiados sólo las decisiones públicas y nunca su trabajo personal. Siendo ésta (y ninguna otra) la razón de ser del pago de algunos impuestos, tanto en metálico como en especie, pero también con la única y exclusiva finalidad de enriquecer las arcas municipales y no los bolsillos de los Alcaldes.

Por tanto, el problema no es el sistema en sí, que no discuto que sea manifiestamente mejorable. El problema es la degradación moral del político. Un ejemplo, fijémonos en Ares. Bajo este mismo sistema tuvimos Alcaldes que todos sabemos que con sus actuaciones no se enriquecieron, si no que, por el contrario, nos hicieron mucho bien.

En consecuencia, si tuvisteis la paciencia de leerme hasta aquí, ya estais en condiciones de saber que el sistema puede ser imperfecto, pero que no persigue la corrupción como fin, ni mucho menos. Es más, en mi opinión, ni siquiera la permite, pues el poder judicial está llamado, en el ejercicio de sus funciones, precisamente a impedirla. Y en esto discrepo totalmente de Alejandro Nieto. Otra cosa muy distinta es que la justicia sea muy lenta y costosa. Ejemplos de ello, todos tenemos muchos. Pero, sabeis una cosa? Tengo la completa certeza de que, aunque tarde las más de las veces, siempre llega, porque es implacable. Pero, por favor, mucho ojo. Pues una cosa es la justicia y otra muy distinta es la venganza.

Perdonar que fuese tan pesado. Pero suelo hacer todo lo que pienso que vale la pena.