Lo penúltimo sobre el lío...

Nuestra Constitución obliga a respetar a las minorías en numerosos artículos. Como simple muestra citaré tres:

Su mismísimo artículo 1, que dice "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político"; su artículo 10, que señala que "La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social"; y su artículo 14, que preceptúa que "Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Consecuencia: siendo evidente que el nacimiento, la raza y el sexo cromosómico nos viene dado, en el resto, básicamente, es el libre desarrollo de la personalidad de cada uno lo que nos hace diferentes, de tal suerte que es la existencia de diferencias entre unos y otros lo que nos hace plurales, sin que esas diferencias puedan dar lugar a discriminación alguna, entendiéndose por tal tratar de manera desigual lo que es igual. Y los españoles lo somos, porque somos todos personas, por ello no se nos puede discriminar por ninguna de esas razones, porque no se puede tratar diferente lo igual. Pero los que no son personas o siéndolo no son españoles está claro que no tienen los mismos derechos, porque no son iguales, razón por la que no es discriminatorio tratarlos de manera desigual, porque son desiguales. Aunque, por supuesto, la diferencia no está en los derechos fundamentales, ya que éstos los tienen tanto los españoles como los extranjeros. Los primeros por la aplicación de la Constitución española de 1978; y los extranjeros por la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. Pero todos sabemos que, al margen de los derechos fundamentales, existen otros derechos en nuestro país que no se les reconoce a los extranjeros sin que ello sea discriminatorio. Igual que tampoco se los reconocen a nuestros emigrantes en otros países.

Llegados hasta aquí, falta añadir un último dato muy relevante. Todos esos derechos son derechos individuales, no colectivos. Las colectividades no son titulares de derechos fundamentales, aunque por supuesto que tienen un plus de protección que se añade a la individual de cada uno de sus miembros. Por ejemplo, si me matan a mí estamos ante un asesinato, pero si me matan junto a muchos otros por ser todos de la misma raza el delito de asesinato se convierte en uno de genocidio.

En consecuencia, cada católico, cada protestante, cada musulmán, cada ateo, cada agnóstico... etc., es titular de todos los derechos fundamentales y/o humanos, por lo que no se les puede discriminar por razón de su religión, porque como personas que son, son todos iguales. Pero sus respectivas Iglesias o confesiones religiosas no son titulares de ningún derecho fundamental y, por ello, tampoco de ningún derecho a la igualdad. De ahí que el poder ejecutivo y/o legislativo puedan tener en cuenta las diferentes colectividades religiosas (que son las diferentes Iglesias o confesiones que las representan) de diferente manera, porque como personas jurídicas (como las asociaciones, las fundaciones, las cooperativas... etc.,) no son titulares de ningún derecho fundamental (aunque sobre el derecho al honor la moderna jurisprudencia parece decir que sí -por ejemplo, decir que Nike explota a niños sin ser cierto sería indemnizadle por dañar una especie de honor de la "marca").

Todo ello explicaría por qué el Estado puede tener unas relaciones distintas, que en verdad las tiene, con las diferentes confesiones religiosas sin violar ningún precepto constitucional.

¿Por qué las tiene? Pues porque, como ya vimos, el artículo 16.3 de la Constitución obliga a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Pero como no dice cómo debe tenerlas en cuenta, está claro que el poder ejecutivo y/o legislativo (nunca el judicial) puede cambiar la manera de tenerlas en cuenta cuando quiera, ya que lo único que no puede hacer, porque la Constitución se lo impide, es no tenerlas en cuenta de ninguna forma; es decir, ignorarlas, lo que pone de manifiesto que la Constitución no proclama un Estado laico.

Pero, por supuesto, ello no significa que tenga que ser así siempre, porque para conquistar un Estado laico y, por ello, neutral, bastaría con reformar la Constitución. Pero, claro, ya vimos que tal reforma necesita una mayoría de dos tercios de las Cámaras y, por lo tanto, el concurso de la derecha, que creo que, de momento, no lo permitiría.

Para terminar, sólo añadir que la Constitución la aprobaron casi todos (UCD, AP, PSOE, CIU y PCE incluido).

En todo caso, corto, cierro y, si es necesario, también me rindo.