Sobre la Aplu

El sábado en La Opinión

46 concellos delegan en la Xunta competencias urbanísticas
Del casi medio centenar de municipios adheridos a la APLU, 14 son de A Coruña
Los ayuntamientos ya integrados alertan de que si el resto no emula sus pasos habrá concellos que seguirán haciendo la vista gorda ante obras ilegales

R. PRIETO | A CORUÑA La disciplina municipal del vai facendo se ha acabado. Al menos en los ayuntamientos gallegos que ya han dejado en manos de la Xunta la lucha contra el feísmo y el desorden urbanístico. Desde la puesta en marcha en 2008 de la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), un total de 46 pequeños municipios -el mayor el de Nigrán, con casi 18.000 habitantes- se adhirieron a la entidad para que sea el propio Gobierno autonómico el que tramite las multas y dicte las órdenes de derribo sobre las miles de edificaciones ilegales levantadas en su territorio durante las últimas décadas.

Los hay sin planeamiento urbanístico, con normas subsidiarias, pero también con PXOM; bajo alcaldías del PSdeG (26), del PP (14), del BNG (tres) o de independientes (tres); de menos de mil habitantes y de casi 20.000. Pero todos tienen dos puntos en común: sus escasos recursos para impulsar inspecciones urbanísticas rigurosas y las dificultades para restaurar la legalidad en su concello por tratarse de una administración cercana a los posibles infractores.

Con esta cesión de competencias en materia sancionadora a la Xunta, los ayuntamientos se olvidan del complejo y farragoso papeleo que acarrea la tramitación de las sanciones y que en la mayoría de los casos les resulta imposible de abordar por la falta de personal técnico. A cambio de esta gestión urbanística por parte del Gobierno gallego, los municipios ceden a las arcas autonómicas el 50% de la recaudación de las multas tramitadas por la APLU, que van desde los 300 euros por la ejecución de una obra sin licencia hasta el millón de euros que prevé la Lei do Solo para las infracciones muy graves o reiteradas.

Lista raquítica

A pesar de que la ley otorga a la administración local plenas competencias urbanísticas en su territorio, las dificultades para movilizar el personal y sobre todo el dinero necesarios para perseguir las obras ilegales en suelo rústico llevaron al 15% de concellos a delegar en la APLU, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, la gestión de las multas en materia de urbanismo y las órdenes de demolición. La mayoría son de la provincia de Ourense (17), seguida de A Coruña (14); Pontevedra (8), y, finalmente, Lugo (7). En el caso de A Coruña, los ayuntamientos que cedieron sus competencias urbanísticas en materia sancionadora a la APLU son A Baña, A Capela, Ares, Arzúa, Boimorto, Cariño, Cedeira, Dodro, Lousame, Mugardos, Oroso, Porto do Son, Toques y Val do Dubra. En cuanto al número de habitantes, dos se quedan por debajo de los 2.000 habitantes, y sólo uno (Porto do Son) roza los 10.000 habitantes.

Desde la provincia de Pontevedra, A Guarda, Cuntis, Meaño, Moraña, Nigrán, Oia, Pontecesures y Vilaboa ya delegaron la tramitación de sus expedientes sancionadores en la Axencia Urbanística. Sólo A Guarda y Nigrán superan los 10.000 habitantes, mientras que el resto se sitúan entre los 3.000 y 6.000 vecinos.

La provincia de Ourense es la que concentra el mayor volumen de municipios integrados en la APLU (17); de los que sólo dos rozan los 15.000 habitantes (Verín y O Barco). Los 16 restantes van desde los apenas 800 vecinos de Parada de Sil a los 3.087 de Maside. Y en el caso de Lugo, sólo siete ayuntamientos han renunciado a la tramitación de las infracciones urbanísticas -Becerreá, Begonte, Castroverde, Lourenzá, Ribeira de Piquín, Trabada y Valouro-. Ninguno supera los 4.000 habitantes.

Pese a que dos años y medio después de la puesta en funcionamiento de la APLU, la lista de municipios adheridos es raquítica, los portavoces de PP, PSdeG y BNG en la agencia -Perfecto Rodríguez, alcalde de Ponte Caldelas; Julio Iglesias, regidor de Ares, y Rosa Magdalena Fernández, arquitecta en el Ayuntamiento de Pontevedra- confían en que el resto de municipios vean las "facilidades de gestión" que oferta la entidad, la cual, según el alcalde de Ares, garantiza que se apliquen "los mismos criterios para todos". De lo contrario, augura, habrá concellos que sigan haciendo la vista gorda ante las obras ilegales. "En muchas ocasiones a los alcaldes, los arquitectos o secretarios municipales les cuesta abrir expediente sancionador a un vecino con el que nos encontramos a diario tomando un café", reconoce el portavoz socialista en la APLU.

Salvo las siete grandes ciudades, todos los concellos -según apunta Julio Iglesias- deberían estar adheridos a la agencia autonómica. "Es la forma de construir un país de una forma homogénea y armónica, tratando a todos por igual, y no que en un concello se permita una obra y en el de al lado no", defiende el regidor de Ares, que delegó competencias en la APLU en marzo del año pasado, al tiempo que reprocha al portavoz del PP en la Axencia que aún no haya adherido a su municipio, Ponte Caldelas, a la entidad. "Hay que predicar con el ejemplo", cuestionó Iglesias.

Pese a no estar todavía en la Axencia Urbanística, el regidor de Ponte Caldelas defiende que los concellos deleguen la gestión sancionadora en la agencia autonómica. "La APLU -argumenta- suple la falta de medios de los ayuntamientos y el hecho de que los órganos controladores sean externos, no tengan relación de proximidad y vecindad con los infractores, facilita la gestión".

La portavoz del Bloque en la APLU reconoce que la falta de personal técnico "cualificado" en los ayuntamientos es el principal motivo que lleva a los municipios a integrarse en la agencia. La instantánea de los concellos pone de manifiesto su déficit en las plantillas de urbanismo. Sólo 175 de los 315 concellos (el 55,5%) tiene en su plantilla un arquitecto como técnico municipal para el control y concesión de licencias. Y únicamente el 22,5 % (71) cuentan con un equipo técnico formado por un arquitecto superior y un aparejador. "Para empezar -comenta la portavoz nacionalista- la cifra de 46 concellos adheridos está bien. Una vez el resto vean cómo funciona, la APLU irá ganando adeptos". Pero lo cierto es que mientras en 2009 pasado se sumaron un total de 42 municipios, este año sólo lo hicieron cuatro (Cedeira, Porto do Son, Valadouro y San Amaro).