miércoles, 4 de noviembre de 2009

Los que hacen trampas son los tramposos y los tramposos deberían irse para casa


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La jueza ve “indicios” de que Cendán pudo haber incrementado el censo

carmela lópez > ferrol

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ferrol, la magistrada Ana Belén Díaz Arias, acaba de dictar un auto por el que desestima el recurso de reforma interpuesto por el ex alcalde de Ares, el “popular” Manuel Cendán, en relación con el procedimiento abierto por un supuesto delito electoral. En el mismo figuran como denunciados el ex regidor y la funcionaria María Monserrat Rodríguez Sánchez, respecto a unos hechos presuntamente ocurridos antes de las elecciones municipales de 2003.

En el presente auto, la jueza señala que “de las diligencias practicadas en los presentes autos se derivan indicios racionales de que el Sr. Cendán y Monserrat Rodríguez con anterioridad a la celebración de las elecciones municipales del 25 de mayo de 2003 presuntamente incrementaron el número de personas relacionadas en el censo electoral de la localidad de Ares, con la finalidad de alterar el resultado de dichas elecciones”. Añade que los hechos en cuestión serían constitutivos de un delito electoral previsto y penado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

En el recurso ahora desestimado, Manuel Cendán pedía el sobreseimiento de las actuaciones, bajo los argumentos de que el auto judicial de 26 de marzo de 2009 “es nulo y vulnerador del más elemental derecho de defensa de los imputados, por falta de motivación”, y de falta de definición de los supuestos actos delictivos imputables individualmente a cada uno de los acusados. En el escrito se destaca que, con anterioridad a las elecciones, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ya había realizado una revisión del padrón municipal, cursando algunas bajas en el mismo, añadiendo que con este padrón se realizaron tres comicios con dispares resultados. La representación procesal de Cendán argumentaba, asimismo, que las personas que se indicaban como empadronadas en la propia vivienda del ex alcalde ya fueron dadas de baja con anterioridad a las elecciones y a la revisión del INE.

Cabe recordar que la instrucción de esta causa se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía, a causa del aumento desproporcionado de los empadronamientos en Ares, y que los partidos políticos PSOE, BNG y Upares se personaron como acusación en la causa. Para los grupos que entonces conformaban la oposición municipal, en la causa existe prueba suficiente que permite inferir indicios de criminalidad suficientes para la imputación de un delito electoral.

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