Un problema importante de la provisión local de servicios públicos es el excesivo pequeño tamaño de los municipios españoles, lo cual dificulta una provisión eficiente de los servicios. El 85% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes y, de estos, un 71% menos de 1.000.
La mayoría de servicios públicos locales necesitan un umbral mínimo de población para lograr una provisión eficiente, y así poder generar economías de escala y disponer de personal técnico capacitado para poder llevar a cabo su gestión. Algunos países han solucionado este problema mediante la fusión de municipios. Pero en España está solución es impensable, debido al sentimiento de pertenencia que tiene la población a su municipio de residencia. Por tanto, la solución parece que ha de venir de la cooperación municipal en la provisión de los servicios públicos y de la creación de entes de carácter supramunicipal.
Precisamente, una de las funciones de las provincias es suministrar servicios supramunicipales. No obstante, en la práctica ello ha mostrado muchas limitaciones. Tanto por restricciones políticas, debidas al avance del poder político de las comunidades autónomas y su resistencia a ceder competencias a los gobiernos locales, como por el sistema de financiación local, que limita la capacidad de las provincias para ayudar a los pequeños municipios en sus necesidades financieras.
Tampoco las comarcas, que se han creado en algunas comunidades autónomas, han supuesto una solución al problema. La interpretación del principio constitucional de autonomía de las provincias y de los municipios ha impedido la redistribución de poderes de estos entes locales hacia las comarcas, que son gobiernos vacíos de competencias.
Otra fórmula usada para la ooperación intermunicipal es el establecimiento de mancomunidades y consorcios para la provisión de ciertos servicios públicos. Esta fórmula ha demostrado ser la más exitosa hasta el momento, ya que es útil para el logro de economías de escala. Así, por ejemplo, se ha demostrado que el coste del servicio de recogida de basuras es más bajo para los municipios que cooperan que para los que no lo hacen.
De todas formas, la solución futura al problema de la ineficiencia en la provisión de servicios públicos en el caso de los pequeños municipios ha de venir de las comunidades autónomas, ya que son ellas quienes tienen las responsabilidades de la organización territorial supramunicipal. Ahora bien, la fórmula adoptada no puede ser uniforme en todo el territorio estatal. La solución no pude ser la misma en la comunidad autónoma de Murcia, donde los municipios tienen un tamaño medio de 251 km² y 229.683 habitantes, que en Castilla-León o Aragón, con una media de 42 km² y 65 km² y 1.117 y 1.736 habitantes, respectivamente.
Por último, hay también que señalar que las provincias no han acabado de encontrar su encaje en el modelo territorial de las comunidades autónomas. Ni las provincias han resuelto los problemas municipales ni han sido de gran utilidad en la descentralización de las competencias de las comunidades autónomas. Por tanto, es necesario repensar el papel de los gobiernos provinciales en la estructura administrativa territorial.
Núria Bosch es Catedrática de Hacienda Pública
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